Este año se ha cumplido 20 años de la constitución y puesta en funcionamiento del Jurado Regional de Valoraciones. Al cumplir el decimoquinto aniversario publicamos la Memoria 2004-2019, que fue un punto de partida para otras publicaciones periódicas, cuyos objetivos fundamentales eran, por un lado, hacer balance de las competencias que nos fueron encomendadas por la normativa reguladora del Jurado y, por otro lado, difundir el trabajo realizado desde su inicio.
Con motivo de la conmemoración que ahora celebramos, se presenta esta II Memoria, que abarca el periodo comprendido desde 2004 a 2024, realizando, por tanto, una ampliación y actualización de la primera y, de nuevo, un repaso detallado de las tareas que debemos desempeñar y del cumplimiento de estas.
La II Memoria, al igual que la primera se estructura en cinco partes diferenciadas. La primera está dedicada a la configuración de la Institución. La segunda parte explica cómo se desarrolla la actividad del Jurado. Las partes tercera y cuarta reflejan con detalle las ponencias, dictámenes y acuerdos de justiprecio emitidos a lo largo de estos años, precisando qué normativa y qué criterios de valoración han sido aplicados en cada momento y, como consecuencia de ellos, qué resultados en precios se han obtenido; también relatan el nivel de conflicto planteado contra las decisiones adoptadas por el Jurado mediante los correspondientes recursos administrativos, así como recursos contencioso-administrativos ante los órganos jurisdiccionales. En la última parte, la presente memoria, al igual que su antecesora, con un sentido didáctico y con su correspondiente actualización desde la última publicación, incorpora una síntesis de la doctrina que se ha considerado más relevante tanto el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha como el Tribunal Supremo sobre los acuerdos adoptados por el órgano colegiado, con el fin de que siga sirviendo instrumento de trabajo para las personas afectadas o interesadas en la materia. Pensamos así en todos los posibles operadores jurídicos: administraciones expropiantes (autonómica y local), las entidades beneficiarias de la expropiación, y jurídicos y técnicos que asesoran a las personas expropiadas.
